martes, mayo 21

Cómo preparar los colegios para unos veranos cada vez más largos | Educación

La suspensión de las clases en Canarias debido a las altas temperaturas en pleno mes de octubre ha llamado la atención sobre uno de los elefantes que hay en medio de la habitación del sistema educativo: la falta de preparación de colegios e institutos para hacer frente al aumento de las temperaturas que ya se ha producido y, según todos los indicios, irá a más en los próximos años. La justificación histórica para que los centros de enseñanza carezcan de climatización es que, gracias a las vacaciones de verano, no hay clases en los meses de calor. Pero ese razonamiento resulta cada vez más insuficiente. “El verano se ha alargado, y le está comiendo terreno tanto a la primavera como al otoño. Y lo más probable es que los episodios cálidos, tanto a finales como a principios de curso, es decir, en junio y septiembre, o incluso en octubre en Canarias, se repitan y sean cada vez más frecuentes en España en un escenario de calentamiento claro”, afirma el meteorólogo Rubén del Campo, portavoz de Aemet. Los cerca de 321.000 alumnos canarios, de infantil hasta bachillerato, que se quedaron sin clases el miércoles y volverán a quedarse en casa el viernes, ponen de manifiesto la gravedad del asunto.

¿Cómo de preparados están los centros educativos para el aumento del calor?

En un sistema educativo descentralizado como el español, no existe un registro sobre qué porcentaje de centros educativos cuentan con climatización. Tampoco existe buena información a escala regional. En Andalucía, la “ley para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos”, aprobada en 2020, contempla como una de las primeras medidas la ejecución de dicha radiografía, pero da para ello un plazo de seis años. Responsables educativos, docentes y representantes de familias consultados por este periódico coinciden, en todo caso, en que solo una pequeña parte de colegios e institutos dispone de aire acondicionado en la mayor parte de sus aulas. “Si en vez de alumnos y profesores lo que tuviéramos fuera otro tipo de personal, esto ya se hubiera denunciado a salud laboral por las condiciones de calor, y en ocasiones de frío, a las que se ven expuestos. En secundaria pueden estar hasta siete horas en un aula que algunos días alcanza fácilmente 30 grados”, lamenta María Capellán, presidenta de Ceapa, la principal confederación de familias española.

Las asociaciones de familias también critican que, con frecuencia, los protocolos para hacer frente a las olas de calor en las escuelas son muy vagas (el de Madrid, por ejemplo, recomendaba “evitar la radiación solar directa”) y a coste cero, o implican, como en el caso del de Andalucía que ahora quiere imitar Canarias, que los niños salgan antes de clase, lo cual, denuncian las Ampas, supone simplemente trasladar los problemas a los progenitores.

¿Qué administración tiene competencias?

Las competencias en materia educativa están repartidas entre el Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, lo cual, en lo que respecta a las inversiones en adaptación al cambio climático, ha hecho que ninguna administración haya acabado de asumirla del todo, y se avance mediante iniciativas aisladas. El Ministerio de Educación anunció en verano de 2022 un plan de 200 millones de euros para tal fin, aprovechando los fondos europeos de recuperación, del que según los últimos datos de que dispone el departamento, de abril, solo se han asignado 110 millones. Una cantidad que resulta muy reducida si se tiene en cuenta que en España existen unos 19.200 centros públicos (24.600 si se incluyen los privados concertados). Entre las autonomías (que son las principales responsables de sufragar las infraestructuras educativas) puede servir de referencia el caso de Andalucía, que tiene en marcha un programa de 141 millones de euros para efectuar actuaciones en 454 centros educativos. Y a nivel local, el de Barcelona, cuyo ayuntamiento anunció el mes pasado un plan para climatizar 171 escuelas e institutos en un plazo de cinco años por importe de 100 millones de euros, que provendrán en parte de los ingresos generados por la tasa turística.

La situación de las infraestructuras educativas españolas todavía acusa el mazazo de la crisis financiera de 2008: en la década que la siguió, la inversión cayó a la mitad, según un cálculo publicado por el Ivie. Unos recortes que hicieron acumularse las carencias y retrasaron la adaptación ante el cambio climático.

¿Construir centros o reformar los existentes?

Los centros de nueva construcción, afirma Víctor Garcia, que fue hasta junio director general de infraestructuras educativas de la Generalitat valenciana, son más sostenibles porque ya han incluido, al menos en su territorio, entre otros elementos, “una orientación determinada dentro de las parcelas para que no estén expuestos a tanta insolación directa en las fachadas donde hay aulas, instalación de toldos, mejoras en el aislamiento térmico, patios con más árboles y menos hormigón, que absorben calor y lo irradian a los edificios…”. Debido a la prolongada caída de la natalidad, que está dejando muchas instalaciones escolares vacías, la adaptación al aumento de las temperaturas solo va a provenir, sin embargo, en un grado muy limitado de las escuelas e institutos nuevos. Y junto a ellos hay miles de centros educativos ya erigidos mal orientados, con aislamientos deficientes o ventanales enormes, falta de ventilación cruzada, y patios sin rastro de sombra que son caros de rehabilitar.

¿Quién paga las facturas?

El reparto competencial educativo tiene elementos peculiares. Por ejemplo, la factura de la luz, que es relevante en el caso de la instalación de aires acondicionados, los paga, en el caso de los institutos públicos las comunidades autónomas —en la práctica, cada centro, con el presupuesto que se le asigna—. En el caso de los colegios, en cambio, los recibos los pagan los ayuntamientos. Teresa Pablo, pedagoga y portavoz de la plataforma de Ampas Escuelas de Calor, que impulsó la ley de bioclimatización escolar de Andalucía, asegura que en su comunidad autónoma la instalación de aires acondicionados, en la minoría de centros que disponen de ellos, ha sido sufragada tradicionalmente por las familias. “Poco a poco, mediante tómbolas, fiestas y cuotas extra han ido climatizando sus centros. Un año lo han puesto en tres aulas, al siguiente en otras dos, y así”. Esto, afirma, ha generado entre otras cosas un aumento de la desigualdad que afecta a la matrícula de las escuelas. “Si en el barrio hay dos colegios, uno con climatización y otro sin ella, las familias prefieren lógicamente el primero”. También ha generado una brecha entre etapas. En los centros de infantil y primaria, prosigue Pablo, los ayuntamientos suelen asumir sin más el aumento de la factura eléctrica derivado de los aparatos de aire acondicionado pagados por padres y madres. Pero los institutos, en cambio, “no pueden hacerlo porque el coste se les dispara”, así que no llegan a instalarse.

¿Es el aire acondicionado la solución?

El impacto en la factura de la luz, admite el ex director general de infraestructuras educativas valenciano, ha sido tradicionalmente un gran obstáculo a la hora de instalar sistemas de climatización. Garcia asegura, sin embargo, que el descenso del coste de las placas solares y la mejora de su rendimiento que se ha producido en los últimos años ha cambiado el panorama. Y que cubrir los tejados con placas solares permite ahora no solo la climatización de los centros de nueva construcción, sino plantearse, como hizo la Generalitat valenciana poco antes de que cambiara el color de su gobierno, diseñar un plan para extenderla a todos los centros públicos.

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