El 5 y 6 de octubre, los líderes de la UE se reunirán en Granada para sentar las bases de actuación ante los retos de los próximos años, que serán críticos para Europa. Esta cumbre es una oportunidad clave para avanzar en el Pacto Verde Europeo antes de que acabe la legislatura del actual Parlamento Europeo y para hacer frente a las crisis climática y medioambiental, protegiendo la salud de las personas y de la naturaleza con un enfoque de justicia.
La cumbre de Granada se celebra tras meses de fenómenos climáticos extremos en toda Europa, y de campañas políticas y violentas reacciones contra la legislación medioambiental europea, que intentan desviar a la UE de la consecución de sus objetivos climáticos y de biodiversidad. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, tendrá que elevar el debate en Granada en torno a las soluciones para proteger mejor a las personas, la naturaleza y las empresas. Las comunidades rurales, los agricultores, los pescadores y el sector turístico ya soportan el coste del cambio climático y la pérdida de biodiversidad; las empresas y los inversores se enfrentan a riesgos cada vez mayores; y los ciudadanos son testigos de cómo la oposición cortoplacista a políticas con visión de futuro está minando las perspectivas de las generaciones actuales y futuras.
Dado que España ostenta este semestre la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE, el presidente Sánchez tiene el deber de utilizar su influencia para concluir importantes respuestas legislativas a estas crisis. En este momento, hay cuatro leyes europeas en tramitación que se beneficiarían del liderazgo en materia medioambiental que Sánchez ya ha expresado en otras ocasiones, y que ponen de relieve la interconexión entre la naturaleza y la justicia social:
Una Ley de Restauración de la Naturaleza fuerte para devolver la naturaleza a Europa. El 80% de los hábitats protegidos europeos se encuentran en mal estado de conservación. Restaurar los bosques, los ecosistemas marinos, los humedales y los ríos es clave para hacer frente a la crisis climática y de biodiversidad. Así se reducirán los efectos de las catástrofes naturales, y se garantizará la seguridad alimentaria a largo plazo junto a la resiliencia de nuestras economías. La UE debe establecer una ley con objetivos firmes y jurídicamente vinculantes para restaurar los ecosistemas degradados, dedicar la financiación adecuada y poner en marcha mecanismos eficaces para hacer cumplir la legislación de la UE y ajustarse a ella.
Proteger a los ciudadanos europeos de la contaminación atmosférica e industrial. La contaminación atmosférica es el mayor riesgo medioambiental para la salud: el 96% de los ciudadanos europeos que viven en ciudades siguen expuestos a niveles peligrosos de contaminación atmosférica. Los diputados del Parlamento Europeo votaron en septiembre a favor de adaptar la normativa de la UE a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, así como de respaldar importantes derechos medioambientales y definir normas estrictas para su aplicación y cumplimiento. El Consejo de la UE debe seguir este ejemplo y avanzar urgentemente en la reforma de la directiva sobre calidad del aire, la principal norma de la UE sobre esta materia, antes de las elecciones del próximo año.
Fijar límites de emisión estrictos para las grandes instalaciones industriales. Se calcula que solo la contaminación atmosférica de la industria causó daños a la salud y al medio ambiente por valor de entre 277.000 y 433.000 millones de euros en 2017. La directiva de emisiones industriales, que regula estas emisiones, carece de suficientes mecanismos de rendición de cuentas. La revisión de esta norma es una oportunidad única de establecer un marco para la transformación de la industria hacia una economía limpia y climáticamente neutra. Este nuevo marco, y el derecho de indemnización que incluiría el mismo, ayudaría a las víctimas de daños en la salud causados por la contaminación industrial que sobrepasa límites legales.
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Involucrar a las empresas para que aborden el impacto ambiental en sus procesos de producción y comercialización. Son necesarias mejoras significativas para que la directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial contribuya a la consecución del Pacto Verde Europeo. La futura ley debe enumerar categorías concretas de impacto medioambiental que las empresas deben tener en cuenta a la hora de llevar a cabo los procesos de diligencia debida, incluidas la pérdida de biodiversidad y el cambio climático.
Desde ClientEarth hacemos un llamamiento al presidente en funciones y a la presidencia española del Consejo de la UE para que lideren una propuesta ecológicamente más ambiciosa y contribuyan así a proteger a las personas en toda Europa. Es la última oportunidad para que una presidencia rotatoria termine el trabajo y cumpla las promesas del Pacto Verde Europeo antes de que los avances queden en suspenso por las próximas elecciones en junio al Parlamento Europeo. Es una cuestión de justicia.
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