sábado, mayo 18

La Fiscalía pide investigar a fondo el encubrimiento de la Iglesia en casos de pederastia | Sociedad

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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La Fiscalía General del Estado plantea la “necesidad” de que se investigue a fondo la responsabilidad de la Iglesia católica en los casos de pederastia cometidos por miembros de la institución y que se valore “la extensión de la acusación a las posibles conductas encubridoras por parte de los representantes de las instituciones religiosas [obispos, cardenales y superiores de órdenes religiosas], que han podido llevarse a cabo previamente a la denuncia y de las que pueden dimanar tanto responsabilidades penales como civiles”.

El ministerio público ha decidido por primera vez incluir en su memoria anual un apartado donde da cuenta de sus actuaciones en el escándalo de los abusos dentro del ámbito eclesiástico y donde también incluye recomendaciones a seguir en el ámbito jurídico, como la “determinación concreta de la indemnización en concepto de responsabilidad civil [que pueda tener la jerarquía religiosa] a que tiene derecho la víctima, que ha de integrar los daños morales y las lesiones psíquicas”. El escrito también señala la poca información que hay sobre el problema y la necesidad de que los afectados sean amparados por el ministerio fiscal: “La Fiscalía General del Estado ha asumido el compromiso institucional de ofrecer una respuesta a las víctimas de una realidad criminal de incuestionable gravedad, como son los abusos y agresiones sexuales a menores cometidos en contextos religiosos, a través del seguimiento, estudio y coordinación de estos delitos, a la vista de su transcendencia social y del número de personas especialmente vulnerables afectadas por los mismos”.

Normalmente, en los procesos penales contra miembros de la Iglesia por abusos sexuales a menores, el encubrimiento por parte de la institución es un delito que, a pesar de formar parte del relato de muchas víctimas, no se les suele imputar a los responsables, por lo que no se juzga en estos procesos. De hecho, ningún obispo español ha pisado el banquillo como acusado de encubrir a un pederasta, solo en una ocasión lo hizo como testigo el arzobispo emérito de Granada, Francisco Javier Martínez. Este periódico ha contabilizado al menos 75 obispos y superiores acusados de encubrir, silenciar o tapar casos de abusos en las últimas décadas. Del mismo modo, tampoco es frecuente que en la sentencia figure la diócesis o la orden religiosa a la que pertenece el acusado como la responsable civil subsidiaria de pagar la compensación económica: de las 48 sentencias que tiene registradas este periódico, solo aparece en cuatro de ellas.

La actuación de la Fiscalía General sobre el tema de los abusos en la Iglesia comenzó en enero del año pasado. EL PAÍS entregó en diciembre de 2021 al Vaticano y al presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, un dosier con 251 casos de pederastia, lo que forzó a la institución a afrontar una investigación interna a inicios de 2022. La investigación de este periódico corroboró que la Iglesia seguía silenciando los casos de abusos que conocía y que el problema era la opacidad y la inacción. Ante esto, la Fiscalía solicitó el 31 de enero de ese año a las fiscalías superiores de toda España que remitieran en un plazo de 10 días todos los procedimientos penales (denuncias y querellas) en tramitación referidos a agresiones y abusos sexuales a menores de edad en el seno de congregaciones, colegios o cualquier institución religiosa. El recuento fue de 68 procedimientos abiertos, aunque no especificaron cuáles afectaban a la Iglesia católica y cuáles a otras entidades, como la Iglesia evangélica o los Testigos de Jehová.

El primer análisis de estos casos recibidos, indica la memoria de la Fiscalía, manifestó “la dificultad de dar cuenta de los procedimientos judiciales, al no quedar registrados como tales en las aplicaciones de gestión procesal”, ya que estas no contemplan la posibilidad de registrar la profesión del acusado o su relación con la víctima. Del mismo modo, el ministerio público reflexiona que durante la investigación “es necesario dar audiencia a las víctimas, así como la notificación, en su caso, de forma directa y comprensible del decreto de archivo de las diligencias de investigación con la posibilidad de interponer denuncia ante el juzgado de instrucción”.

En julio de ese año la Fiscalía decidió abrir un expediente de seguimiento en la Secretaría Técnica “con el objeto de tomar conocimiento pleno del alcance y resultado de las investigaciones penales incoadas o que se incoaran en el futuro, de mantener la debida coordinación y de unificar la actuación de la Fiscalía en esta materia en todo el territorio nacional”. Una medida que, según la memoria, llevó al organismo en noviembre a instar al resto de las fiscalías superiores que le remitiesen trimestralmente la información sobre este tipo de procedimientos.

167 casos en los últimos años

En total, el ministerio público ha recibido de las fiscalías superiores 167 casos: 61 diligencias de investigación, 86 diligencias previas y 20 sentencias condenatorias. “La primera reflexión que ha de realizarse, a la vista de los testimonios remitidos por las fiscalías territoriales, es la de que se dispone de datos muy parciales”, cita la memoria. En cuanto a los motivos, señala dos: el ya mencionado sobre la dificultad de localizar estos procedimientos en los archivos al no figurar la profesión del acusado y, el segundo, el “acotado espacio temporal al que pertenece la documentación remitida, puesto que la mayor parte de los testimonios se refieren a procedimientos que tuvieron su origen en el año 2021 y 2022, y solo puntualmente se remitieron de años anteriores”. En cuanto al análisis de los datos, el 65% de los casos ocurrieron con posterioridad al año 2000.

La Fiscalía también destaca que, del seguimiento realizado, hay otro dato relevante sobre la formalización de denuncias: “Se observa que su puesta en conocimiento no se realiza únicamente en las fiscalías territoriales o en los juzgados, sino también en las oficinas de asistencia a la víctima de las diócesis españolas”. Una cuestión que el propio ministerio fiscal abordó a finales de 2022, cuando solicitó oficialmente a las diócesis “toda la información posible sobre los testimonios vertidos en sus sedes por parte de posibles víctimas”.

Como respuesta, el secretario de la Conferencia Episcopal Española, envió una carta interna a los obispos españoles donde les recomendaba enviar a las fiscalías provinciales los casos de víctimas que sigan siendo menores de edad —aunque a esto ya les obliga la ley desde 2015—, y a la Fiscalía General, únicamente las referencias y fechas de estas comunicaciones. Y por otro, que se entregase la relación de casos —de nuevo solo las referencias y fechas— donde las víctimas sean mayores en la actualidad “que ya han sido comunicados hasta el momento”. Es decir, solo los casos que la Iglesia ha recibido desde 2019. Por lo que quedan fuera todos aquellos de los que ha tenido conocimiento con anterioridad.

A la solicitud de la Fiscalía respondieron, dos meses después del envío de la petición, menos de la mitad de los obispados, la mayoría con respuestas modelo y “afirmando no tener abiertos casos en procesos canónicos, y, en algunos casos, remitiéndose a lo ya enviado a las fiscalías provinciales”, precisó sobre ello este febrero el fiscal general, Álvaro Ortiz, en la Comisión de Justicia del Senado.

A falta de una base de datos oficial, este periódico ha contabilizado 1.021 acusados de abusos dentro de la Iglesia y 2.190 víctimas. En unas semanas la Conferencia Episcopal Española prevé que el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo les entregue la auditoría sobre los abusos en el seno de la Iglesia que le encargó en febrero del año pasado. Paralelamente, el Defensor del Pueblo, por encargo del Congreso de los Diputados, está realizando otra investigación sobre la pederastia eclesial, que terminará con la entrega a la Cámara baja con los resultados. Esta última aún no tiene una fecha aproximada de finalización.

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