Más de 100 millones de dosis de vacunas contra la covid han quedado obsoletas y sin usar en España | Sociedad

Más de 100 millones de dosis de vacunas contra la covid han quedado obsoletas y sin usar en España | Sociedad
Primeras entregas de vacunas contra la covid en las residencias madrileñas, en diciembre de 2020.RRF (Europa Press)

En la campaña de vacunación de la covid, que comenzará junto a la de la gripe la última semana de septiembre, se inyectarán las nuevas fórmulas adaptadas a las variantes del coronavirus de la familia XBB, predominantes ahora en el mundo. Así lo ha decidido esta semana la Comisión de Salud Pública, lo que descarta más de 100 millones de dosis almacenadas que España ha comprado en los últimos años y que han quedado obsoletas.

El desembolso exacto por estos fármacos ya desfasados no se conoce, debido a la opacidad de los acuerdos comerciales, pero el Ministerio de Sanidad presupuestó en 2021 y 2022 más de 2.200 millones de euros para vacunas, que se añadieron a los 1.400 millones iniciales del primer año de pandemia.

Casi 64 millones de dosis fueron adquiridas en octubre de 2022, cuando ya había almacenadas 79 millones sin inyectar y el 81% de la población mayor de 40 años tenía los dos pinchazos iniciales más otro de recuerdo (para la población general menor de 60 años no se ha recomendado ningún otro). Desde aquella compra (de la que no todas llegaron a España, una parte fue donada o vendida) hasta el 30 de junio de 2023, última fecha con cifras publicadas, se administraron 10 millones de dosis. Mientras tanto, el Gobierno ha comprado 3,2 millones de dosis adicionales a la farmacéutica española Hipra por 31 millones de euros este mismo año. Tampoco estas están adaptadas a las nuevas variantes.

Los acuerdos internacionales impiden vender o donar esas vacunas sobrantes que ya estén en suelo español, por lo que muy probablemente vayan caducando poco a poco sin ser usadas. A finales del año pasado, último dato hecho público, ya se habían echado a perder 14 millones de un excedente de unos 115 millones recibidas y sin inyectar, según el último informe del Ministerio de Sanidad. Además de todas estas, se han inoculado 105 millones y más de 60 millones han sido donadas, lo que da un total de más de 282 millones de dosis compradas hasta ahora, sin incluir las que llegarán para la campaña de otoño-invierno.

El Ministerio de Sanidad defiende que estas adquisiciones se enmarcan en una compra centralizada por la Unión Europea y en unos acuerdos comerciales que se firmaron en un momento de incertidumbre en el que no se sabía a ciencia cierta cuántas dosis iban a ser necesarias. Esos contratos comprometieron compras hasta 2025 de fórmulas que se fueran adaptando a las nuevas variantes. “Es necesario contar con un stock suficiente de diferentes vacunas frente a la covid-19 como parte de la reserva estratégica para poder hacer frente a potenciales cambios en la situación epidemiológica y afrontar con garantías la vacunación de este otoño. Las vacunas se mantienen almacenadas hasta que se alcanza su período máximo de validez”, explica un portavoz.

Belén Tarrafeta, farmacéutica experta en acceso a medicamentos, opina que hubo una “compra irracional” que califica de “despilfarro”. “Que en 2020, en medio de la crisis, cuando no sabíamos qué vacunas tendrían y éxito y cuáles no, se comprara asumiendo mucho riesgo, lo entiendo. Pero estas vacunas fueron acordadas a partir de mayo 2021. Eso no tiene justificación. Comprar demasiado tiene un precio al que hay que sumar los costes de almacenar más de lo necesario, transportar y destruir. En medio de la crisis del sistema sanitario, de una crisis económica y otra energética”, sostiene.

Es un dilema al que se enfrentan todos los países ricos, que compraron dosis muy por encima de sus necesidades. La comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides, reconoció el pasado marzo que se trata de un problema y explicó que la Comisión estaba trabajando con los Estados miembros y la industria para encontrar “una solución al desequilibrio entre la demanda y la oferta” de vacunas, que consistía en dilatar las entregas para no acumular más dosis sin inocular.

Jaime Manzano, investigador y técnico de incidencia política de la ONG Salud por Derecho, considera que este enorme excedente de dosis se debe a un “nacionalismo de vacunas”, que se impuso cuando comenzaron a ver la luz estos medicamentos, a finales de 2020: “El Norte global compró una cantidad de dosis que no necesitaba. Mientras, la mayoría de las personas no vacunadas vive en países de bajos ingresos del Sur”. Cree que la posición de “monopolio” que ejercieron las compañías farmacéuticas llevaron a firmar acuerdos “sin transparencia” y con “cláusulas abusivas”.

Manzano asegura que un sistema basado en las donaciones o en la buena voluntad de los países no funciona: “Mecanismos de distribución como Covax [un convenio internacional de donación de vacunas que ha repartido más de mil millones de dosis] no han llegaron a solucionar nada. Intentar trabajar en bloques aislados, como si no formásemos parte de realidad interconectada, es absurdo”. El investigador cree que deberían haberse habilitado mecanismos de transferencia de conocimiento y tecnología para que cada país hubiera podido fabricar las dosis que necesitase, lo que en su opinión habría propiciado un reparto más justo y menor despilfarro.

Las nuevas vacunas, más efectivas

El uso de las nuevas vacunas, en lugar de las que había ya compradas, era una decisión esperada, ya que resultan más efectivas para las nuevas variantes que ahora circulan. Sustituyen a las que puedan quedar sin caducar de las primeras compras, formuladas para el virus original y a nuevas adquisiciones que se hicieron en 2022 para adaptarlas a las variantes que por entonces prosperaban, los linajes BA.4 y BA.5 de ómicron .

Ya en el primer borrador de la estrategia de vacunación de este otoño-invierno, publicado el 12 de julio, se proponían las adaptadas a XBB (también descendiente de ómicron) como las preferibles, después de las recomendaciones al respecto de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Europeo de Control de Enfermedades y la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés). Pero, por entonces, todavía no había ninguna aprobada que estuviera adaptada a las nuevas variantes, y quedaba alguna incertidumbre de si estarían listas.

La duda ya está despejada. El 1 de septiembre la Comisión Europea dio su visto bueno a la de Pfizer, que ha demostrado mayor protección frente a las variantes que ahora circulan. Y la EMA ha hecho lo propio con la de Moderna este mismo jueves. Ambas comenzarán a llegar al país en las próximas semanas y el calendario de vacunación se adaptará a su entrega, en caso de que no se reciban a tiempo.

Además de estas, que han sido las más usadas en España, es previsible que la UE apruebe próximamente la versión adaptada de Novavax, que a diferencia de las dos anteriores, no está basada en ARN mensajero. Esto permitiría inocularlas a pacientes que tienen contraindicada esta tecnología, tal y como recomienda el plan de vacunación.

Al contrario que en las primeras etapas de la covid, las inyecciones ya no están recomendadas para toda la población, sino solo para los ciudadanos más vulnerables a la enfermedad. La Comisión de Salud Pública considera como tales a todos los mayores de 60 años, quienes viven en residencias, mujeres embarazadas y a los que padecen ciertas enfermedades (renales, cardíacas, respiratorias, obesidad, diabetes y cualquier tiempo de inmunosupresión, entre otras). Además, también se indican para sanitarios y trabajadores de servicios públicos esenciales, como pueden ser policías, bomberos o militares.

En caso de que toda esta población siguiera las recomendaciones y se vacunara, harían falta alrededor de 14 millones de nuevas dosis. Pero la experiencia de la campaña de vacunación del otoño pasado dice que no se alcanzarán estas cifras: se la pusieron tan solo un 61% de los mayores de 60 años. El objetivo marcado por Sanidad es alcanzar o superar coberturas de vacunación en covid y gripe del 75% en mayores y en el personal sanitario y sociosanitario, así como rebasar el 60% en embarazadas y en personas con condiciones de riesgo.

Suscríbete para seguir leyendo

Lee sin límites