El director general de Gobierno de Aragón, Francisco Pozuelo, estimó que el nuevo cargamento ambiental podría arrojar 12 millones de euros, 8,5 millones para eólicos y 3 millones de fotovols. Esto supone una reducción respecto a los 20 millones previstos inicialmente.
Detalles del tiro
Pozuelo ha señalado que, pese a la reducción de las expectativas de conciliación, no se evitan “consecuencias preocupantes” gracias al buen comportamiento de otros impuestos, como el de Patrimonio y Sucesiones. La actividad inmobiliaria, que se mantiene a buen ritmo, podría compensar las pérdidas de ingresos.
La falta de información para establecer las cifras iniciales provocó represalias en la implementación de las nuevas obligaciones y cambios regulatorios. Destacó la importancia de mantener datos precisos sobre las dimensiones de las instalaciones para una adecuada regulación.
Cuadrados y proyecciones
Esperan que la ley entre en vigor entre marzo y febrero, aunque hayan perdido meses de recuperación. Para el próximo año, se estima que los ingresos totales por impactos ambientales podrían ascender hasta los 22 millones de euros.
Política de reacción
PSOE
Óscar Galeano, del PSOE, expresó su preocupación por los cambios regulatorios que podrían reducir el bochorno y dejó claro que los impactos ambientales deberían compensar las reducciones de otras demandas.
VOX
Fermín Civiac critica la aplicación de la ley afirmando que no se ajusta al consenso adquirido con el PSOE, que habría desalentado la proliferación de las energías renovables.
Aragón-Teruel existe
María Pilar Buj se quejó de que la ley no importa adecuadamente el Impacto ambiental y crítica que los más contaminantes no estén pagando lo suficiente.
Otros grupos
José Luis Soro señala la importancia de fomentar el desarrollo del sector de las energías renovables. Álvaro Sanz (IU) hizo planes de futuro, especialmente en relación con proyectos como los del Maestrazgo, que no se podía cargar adecuadamente.
La recomendación esperada y la implementación de nuevos impulsos ambientales en Aragón han provocado un intenso debate político, reflejando preocupaciones sobre el equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y la necesidad de insumos fiscales. Las diferentes posturas aumentan la complejidad de gestionar la transición hacia las energías limpias en el contexto de la legislación fiscal.