No poder permitirse una comida de carne o pescado al menos cada dos días. No poder irse una semana de vacaciones al año. Vivir en una casa donde no se puede mantener una temperatura adecuada, ni en invierno ni en verano. Son tres de las cuestiones para evaluar una situación de carencia de material severa. En esta situación están el 10,8% de hogares en los que viven menores en España, una cifra que alcanza un nuevo récord en 2023, según advierte el informe Análisis de la encuesta de condiciones de vida con enfoque de infancia 2024, presentado este lunes por la Plataforma de Infancia, entidad que aglutina a más de 70 organizaciones. O lo que es lo mismo, 870.523 niños y adolescentes en España se encuentran en este estado.
Dentro de la definición de carencia material severa (es el nombre que emplea el informe) se incluye a la población que vive en hogares en los que no se puede cumplir con al menos cuatro de las nueve cuestiones que se plantean, como las tres mencionadas anteriormente u otras como no poder afrontar gastos imprevistos de 650 euros o no disponer de teléfono o lavadora, según recoge en Instituto Nacional de Estadística (INE), que se encarga de publicar anualmente la Encuesta de Condiciones de Vida, en la que se basa este informe. “La falta de recursos básicos esenciales no solo impacta en las condiciones de vida presentes, sino que también puede afectar significativamente el desarrollo físico, emocional y cognitivo, lo que puede tener consecuencias a largo plazo en su bienestar y oportunidades futuro”, se menciona en el análisis.
La tendencia en los últimos años es preocupante. Antes de la pandemia, en 2019, el porcentaje de carencia material severa era prácticamente la mitad, un 6%, y en 2023 la cifra era siete décimas inferior. Entre los indicadores analizados, varía el número de personas afectadas. Por ejemplo, el porcentaje de familias que no puede incluir carne o pescado una vez cada dos días es del 6,9%, mientras que el de las que no puede adecuar la temperatura a la estación del año es del 19,9%. El 34,1% de los hogares con menores no puede irse de vacaciones al menos una semana al año.
Los menores son los que peores indicadores de pobreza muestran en comparación con el resto de la población. Así se refleja, por ejemplo, en el apartado de riesgo de pobreza y exclusión social (la tasa AROPE, por sus siglas en inglés). Un indicador que mide tres variables, por un lado, la carencia material severa, por otro, la intensidad del empleo en el hogar y, por último, el riesgo de pobreza, que mide cuántas personas tienen ingresos bajos con relación al conjunto de la población (recoge a todas las familias con hijos cuya renta es inferior al 60% de la mediana del país, teniendo en cuenta el tamaño de los hogares). El 33,9% de los menores está en riesgo de pobreza o exclusión social en España, mientras que, en el lado opuesto, la población de entre 45 y 64 años se queda en un 17,8%. Y dentro del grupo de los que todavía no han cumplido los 18, son los adolescentes los que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, ya que la tasa se eleva hasta el 37,1%. El director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra, explica que “los jóvenes de entre 13 y 17 años son los que suponen un mayor coste de crianza”.
La tasa de pobreza infantil —es decir, los hogares con niños que están en riesgo de pobreza— es dispar entre las comunidades autónomas. Andalucía y Canarias son las regiones con una tasa de riesgo de pobreza y exclusión social más elevada, que afecta a alrededor del 45% de los menores. Otras autonomías del sur, como la Región de Murcia o Extremadura, también reflejan una situación de mayor gravedad. En el lado opuesto, el País Vasco, la Comunidad de Madrid y La Rioja mantienen una mejor situación y la tasa no supera el 25% en ninguno de los tres casos.
Con estos datos, España es el segundo país de la Unión Europea con la tasa más alta de pobreza infantil, solo por detrás de Rumania. Una de las razones que explica esta posición es la incapacidad del país de aplicar medidas eficientes que lleguen a las capas más necesitadas. Los países europeos consiguen reducir la tasa de pobreza 13,9 puntos a través de las transferencias sociales, mientras que España solo consigue bajarla 5,9, según ha destacado la Plataforma de Infancia.
La senda que está siguiendo España para cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de reducir la pobreza a la mitad en 15 años, entre 2015 y 2030, no es la adecuada, según esta organización. A pesar del buen inicio descendente de los cuatro primeros años respecto al indicador AROPE, la tendencia se revirtió a partir de la pandemia y el país se encuentra en el punto de partida, de nuevo en niveles muy parecidos a los de 2015. En vez del 25,2% sobre el que debería situarse la tasa, está en el 33,9%.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quiere instaurar en España una prestación universal por crianza, una medida de la que disponen la mayoría de países de la Unión Europea, pero que en España es inexistente. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz (Sumar), ha anunciado, de hecho, que una de sus prioridades en la negociación de los presupuestos para 2025 será defender que se instaure una prestación de este tipo que llegue a 200 euros al mes hasta los 18 años. Una medida que en todo caso deberá negociarse con la parte socialista del Gobierno, que no la ha apoyado en público en ningún momento. De hecho, en la legislatura pasada, Unidas Podemos también defendió la creación de una prestación universal, pero no logró el visto bueno de la parte socialista.
En España, la ley de familias, actualmente en tramitación parlamentaria, incluye el derecho a percibir una renta de 100 euros al mes por hijos de hasta tres años, pero este derecho no es universal y se articula a través de dos medidas diferentes. Por un lado, una deducción fiscal reembolsable para mujeres trabajadoras, que en la legislatura anterior se amplió también a otros supuestos, entre ellos, mujeres que perciben una prestación por desempleo. Y, por otro, a través del complemento de infancia ligado al ingreso mínimo vital, para familias vulnerables, que en el tramo hasta los tres años asciende a 125 euros al mes. Pero las organizaciones de infancia critican que no llega al conjunto de la población, especialmente los más vulnerables. “Muchas [familias] no llegan a tiempo o no tienen la documentación adecuada, y eso hace que terminen desistiendo”, explica Ricardo Ibarra.
El director de la Plataforma de Infancia se muestra por ello a favor de la prestación universal por crianza. “Estamos de acuerdo con la propuesta de los 200 euros al mes hasta los 18 años, aunque quizá sea más realista implantarlo de manera progresiva: primero hasta los seis años, luego hasta los ocho, y así ir aumentando”, comenta.
Bustinduy ha incidido en reiteradas ocasiones en que la ley de familias fue un “primer paso”, pero que hace falta más. Y que es una anomalía que España no disponga de una prestación de este tipo. De hecho, defiende que toda la población debe tener acceso a este derecho, y que la medida debería ir acompañada de una reforma fiscal, de tal manera que los más ricos puedan financiarla a través de los impuestos.